El Defensor del Pueblo injuria a la Iglesia Católica al mezclar encuestas con informaciones veraces. No se puede imputar a ninguna persona, física o jurídica, la comisión de hechos gravísimos sobre la base de encuestas. Máxime cuando se trata de hechos antiquísimos e imposibles de probar. Esto es tanto como dar pábulo a rumores, o más aún, generar el rumor, con un efecto nocivo, lo cual en sí mismo es nuestra opinión injurioso, impropio e indigno de una institución pública, por lo visto dedicada a proteger daños hipotéticos basados en preguntas generales. A este daño se añade el hecho de que el propio defensor del Pueblo fue él mismo religioso y es sacerdote arrepentido, con lo cual la veracidad del informe deja mucho que desear y resulta jurídicamente inadmisible. En nuestra opinión estamos ante un caso claro de responsabilidad patrimonial de una administración pública por daños al honor y sugerimos a la Iglesia Católica que proceda de inmediato a reclamar responsabilidad patrimonial al Defensor del Pueblo.
datos a la presidenta del Congreso, ella misma investigada judicialmente por el escándalo de las menores tuteladas en Baleares prostituidas y abusadas sexualmente durante los años del pacto de izquierdas.
